Domingo, 08 de julio de 2012 | 4:30 am
La detención a golpes del sacerdote Marco Arana y la muerte de cinco personas en Cajamarca demuestran que el gobierno de Ollanta Humala no tiene capacidad para domesticar los conflictos sociales y mantiene la misma política que exhibió el gobierno de Alan García Pérez: en su primer año, el nacionalismo casi ha igualado la cantidad de muertos por conflictos sociales de su antecesor y persisten los abusos policiales.
Por RAÚL MENDOZA/
Mientras el sacerdote y líder ambientalista Marco Arana estaba detenido en Cajamarca, en Lima se organizaron plantones que reclamaban su libertad pero que también exigían al gobierno “Ni un muerto más” en sus pancartas. Con ello llamaban la atención sobre las 15 muertes registradas en el primer año de gobierno de Ollanta Humala a raíz de protestas sociales, una cifra que –de acuerdo a la unidad de conflictos de la PCM– en once meses de gobierno casi iguala las 17 ocurridas en el primer año de mandato de Alan García.
El número de víctimas en el gobierno nacionalista es un escándalo, pero lo es también que las últimas cinco hayan ocurrido en apenas dos días, el 2 y 3 de julio. “El gobierno ha militarizado Bambamarca y Celendín y esas son las consecuencias”, dice el padre Marco Arana, desde Cajamarca. Para él la criminalización de la protesta social y la vulneración de derechos en el gobierno de Humala no ha variado un ápice respecto de su antecesor, a pesar de las promesas de cambio en defensa del medio ambiente hechas durante la campaña.
El martes último todos pudimos ver la violenta detención de Arana en Cajamarca por razones desconocidas. Las acusaciones se caen: el atestado dice que estaba arengando a un grupo de personas y que se resistió con violencia a la detención. Falso. Las imágenes que se han podido ver por televisión lo desmienten. “Buscan atemorizar a la población. Si eso me pueden hacer a mí en público, qué no podrán hacerles a los demás”, explica el sacerdote.
Desde que las protestas estallaron contra Yanacocha y Conga, por lo menos 110 personas, entre ellas Marco Arana, han sido denunciados en distintos juzgados cajamarquinos. Muchos dirigentes y pobladores tienen 4 o 5 procesos judiciales por disturbios y otros cargos. Y en las recientes protestas en Bambamarca y Celendín unas 50 personas fueron detenidas. Nunca una protesta había sido reprimida con tal violencia en la región. Se cuestiona sobre todo que el gobierno haya enviado efectivos militares al lugar.
Castigar la protesta
Un hecho poco conocido es que la noche del último miércoles, cuatro pobladores de Bambamarca y otros 19 de Celendín fueron trasladados a Chiclayo para ser juzgados allí. “Se los han llevado descalzos, con las manos amarradas con sogas y con la ropa que tenían puesta”, dice el líder de Tierra y Libertad. La medida es igual a la que se aplicó hace unas semanas contra el alcalde de Espinar, Cusco, Óscar Mollohuanca, quien fue trasladado a Ica para ser juzgado allí. Está claro que en estos casos el derecho de defensa se ve afectado. Sobre la norma que permite el traslado de una persona para ser juzgada en otro lugar, el Instituto de Defensa Legal (IDL) ha dicho que es ilegal.
La situación en Cajamarca se ha tornado difícil: se han declarado dos estados de emergencia en los últimos seis meses, y en ese lapso los abusos contra los derechos humanos se han multiplicado. “Parece que el gobierno está aplicando el guion Bagua, es decir, boicotear el diálogo y perseguir a quienes se oponen al proyecto que quieren imponer”, dice Arana. Incluso recuerda que cuando el entonces premier Salomón Lerner pugnaba por llegar a acuerdos, fue alejado del cargo por una maniobra del ala dura del gobierno que hoy representa el premier Óscar Valdés.
Como líder de T y L Marco Arana ha encabezado lo que se ha llamado la ‘resistencia pacífica’ en Cajamarca y se ha desmarcado de sectores más radicales como el de Wilfredo Saavedra. Incluso, tras su detención hizo un llamado a permanecer vigilantes pero sin caer en protestas que puedan provocar una nueva ola de violencia. “Soy un hombre de iglesia, no podría instigar actos donde la población se ponga en peligro”, dice por el hilo telefónico. Su caso ha dado la vuelta al mundo, pero los diarios extranjeros han destacado sobre todo el hecho de que cinco personas hayan perdido la vida en las protestas mineras. “En rechazo al proyecto minero Conga, Cajamarca vive hace cinco semanas una huelga general sin visos de solución que ya suma cinco víctimas mortales”, decía El Mundo de España el último jueves.
Un documento del Instituto de Defensa Legal también llama la atención sobre los servicios que la Policía Nacional brinda a las empresas mineras. “En la práctica asumen un rol de agentes de seguridad privada más que de servidores públicos que deben velar por los derechos de todos los pobladores”. Sobre este tema el congresista Jorge Rimarachín llama la atención sobre el hecho de que el actual jefe de la Dirección de Inteligencia, Víctor Manuel Gómez Rodríguez, trabajó para empresas mineras antes de ocupar su actual cargo.
Falta de diálogo
Lo que queda como conclusión de lo ocurrido esta semana en Cajamarca es que el gobierno no sabe manejar los conflictos. Varias instituciones plantean algunas alternativas para el caso de Cajamarca. Miguel Jugo, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, plantea que la Iglesia Católica sea mediadora en el conflicto. Otras voces han propuesto en los últimos días que el padre Gastón Garatea sea mediador en una eventual mesa de diálogo. Y hasta la Conferencia Episcopal ha pedido a todos los actores del conflicto reflexionar sobre soluciones concertadas. El gobierno, que por estos días ha lanzado una campaña para seguir posicionando al Perú como destino turístico, debe ser el primer interesado en solucionar el conflicto. Quizá Conga deba esperar.
Fuente: Diario La Republica / http://www.larepublica.pe/08-07-2012/mano-dura-contra-arana
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